¿QUÉ PASÓ CON LAS SUSPENSIONES DEFINITIVAS DEL TREN MAYA?

Estimado lector, uno de los rubros que más dialogo ha provocado durante el presente sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el Tren Maya, el cual pertenece a los megaproyectos de infraestructura que ha previsto para llevarse a cabo durante su gestión.

Es bien sabido que este proyecto se ha visto envuelto en múltiples polémicas e inconformidades por parte de diferentes grupos, asociaciones, así como diversos sectores de la población mexicana, pues este ha causado incertidumbre en materia administrativa, financiera y ambiental, pues es un secreto a voces que hoy en día existen irregularidades en autorizaciones, permisos, presupuestos, así como afectaciones ecológicas como consecuencia de su construcción.

El pasado 27 de mayo, el juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Novelo, decretó la suspensión definitiva para construir el tramo 5 del Tren Maya, bajo el argumento que el proyecto no cuenta con la autorización de impacto ambiental requerida, requisito indispensable para realizar cualquier obra en el país. Por tanto, la suspensión definitiva supondría que dicha obra debería permanecer suspendida hasta que fuera resuelto dicho Juicio de Amparo, o en su caso se presentara los permisos ambientales requeridos.

No obstante lo anterior, durante el evento público llevado a cabo el día 18 de junio de 2022 en el Palacio Nacional, el Director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May, informó que el Gobierno Federal declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional,  por tratarse de vías férreas, lo cual permitiría la reanudación del tramo 5 del proyecto, pasando por encima la suspensión definitiva impuesta, pues según el propio Director de FONATUR no se violenta ningún amparo al ser un procedimiento legal distinto.

De igual forma, el presidente AMLO, en conferencia matutina afirmó que su gobierno tiene la facultad para declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, lo cual le permitiría seguir avanzando con los trabajos frenados debido a la suspensión definitiva concedida, pues en propias palabras del presidente.

“Ante los jueces se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño, eso se continúa, pero además por ser un asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando. Tenemos facultad para hacerlo, desde hace una semana, y se va avanzando “

Derivado de esta determinación, múltiples organizaciones, asociaciones, miembros de la comunidad académica y científica, así como activistas y ciudadanos se opusieron a este acto tachado de arbitrario e ilegal; de igual forma, la Asociación denominada “Selvame del Tren” emitió un comunicado mediante el cual informaba que las obras del tramo 5 del Tren Maya habían sido reanudadas sin esperar las resoluciones de los amparos a los cuales se encuentra sujeto este proyecto, lo cual conllevaría una evidente violación a la ley, así como una puesta en riesgo a la Riviera Maya, su gente, economía y riqueza natural.

Aunado a lo anterior, recientemente se firmó un nuevo decreto que permite la ocupación temporal e inmediata en el municipio de Solidaridad y Tulum, mismos que fueron declarados con la calidad de utilidad pública y designados como corredores humanitarios para entregar apoyos a los sectores más desprotegidos del sureste mexicano.

Esta determinación, así como el considerar el Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, repercute en distintas formas, la primera y más importante es la cuestión ecológica, pues más allá de entrar en aseveraciones sobre las cuales no se tiene la certeza total, la falta de transparencia en los procesos genera desconfianza y da a pensar que si estos no se han llevado a cabalidad es porque existe un daño ecológico importante, de igual forma, este acto daña la estabilidad política del país, pues este acto arbitrario atenta contra el sano equilibrio que deben otorgar los 3 poderes de la Unión, pues este acto administrativo, aun siendo emitido por el Consejo de Seguridad Nacional, no puede estar encima, ni anular los efectos de un amparo o suspensión determinada por el Poder Judicial.

Las acciones emitidas recientemente por el Ejecutivo, resultan por demás dañinas en nuestro estado de derecho, pues este acto sienta un precedente negativo para el acontecer de Justicia Nacional, pues nadie debería estar por encima de nuestra constitución; por lo que de concretarse el avance de la construcción de este proyecto, habiendo suspensiones judiciales, inconcusamente debilita “El Principio de Equilibrio de Poderes”, cuya finalidad es que las facultades de cada uno de los Poderes de la Unión no se replieguen, ni dobleguen, por decisiones arbitrarias y unilaterales  que estén por encima de nuestro estado de derecho.

Vía: La palabradelcaribe.